El pasado 22 de octubre, Fuenlabrada Noticias publicó una información sobre el debate organizado por la Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada bajo el título Comunicación y arte contra el discurso de odio. La iniciativa, impulsada junto al Ayuntamiento, planteaba analizar cómo la comunicación y la cultura pueden combatir la discriminación por motivos de raza, condición sexual o discapacidad, así como hacer frente a la polarización social.
Se trata de un objetivo legítimo y necesario. Nadie debería ser discriminado, insultado o señalado por su origen, sus características personales o sus ideas. Sin embargo, hay una cuestión que merece plantearse: ¿se aplica el mismo criterio cuando las expresiones polémicas proceden de dirigentes de izquierdas que cuando las pronuncian políticos de derechas?
Porque combatir el odio no puede convertirse en una herramienta para desacreditar exclusivamente al adversario político. Si una expresión se considera intolerable cuando la utiliza un dirigente del PP o de Vox, el mismo criterio debe aplicarse cuando la pronuncia un representante del PSOE, Podemos o cualquier otra formación. De lo contrario, la defensa de la convivencia corre el riesgo de convertirse en una batalla partidista.
Irene Montero y sus palabras contra los votantes del PP
Un ejemplo reciente lo encontramos en Irene Montero. El 24 de octubre, durante un acto político celebrado en Barcelona junto a Gabriel Rufián, la dirigente de Podemos lanzó dos afirmaciones contundentes: «Feijóo, tu machismo mata» y «votar al PP es votar machismo y votar violencia».
Las declaraciones fueron recogidas por medios como la Cadena SER y Europa Press. Montero las pronunció en el contexto de sus críticas a las propuestas del líder popular sobre el Ministerio de Igualdad y el derecho al aborto de las menores de 16 y 17 años.
Es legítimo que una dirigente política defienda el feminismo, critique las propuestas de sus adversarios y advierta de las consecuencias que, a su juicio, tendrían determinadas políticas. La libertad de expresión ampara la crítica política, incluso cuando resulta incómoda o muy dura.
Pero también es legítimo preguntarse si identificar el voto a un partido con el machismo y la violencia constituye una generalización injusta sobre millones de ciudadanos que pueden tener motivaciones muy diferentes para elegir una papeleta.
¿Todos los votantes del PP apoyan la violencia contra las mujeres? ¿Puede afirmarse eso sin distinguir entre las posiciones de un partido, las opiniones de sus dirigentes y las razones particulares de cada elector?
La crítica política debe poder ser contundente, pero no debería sustituir los argumentos por etiquetas que atribuyan automáticamente una conducta moral reprobable a todo aquel que discrepe.
Y aquí aparece la cuestión central: si una expresión que generaliza sobre un colectivo político se denuncia como intolerable cuando procede de la derecha, ¿por qué debería quedar exenta de crítica cuando procede de la izquierda?
¿Dónde está la frontera entre denunciar el odio y descalificar al adversario?
El debate de Fuenlabrada plantea la necesidad de analizar la influencia de los medios de comunicación, la cultura y los relatos públicos en la convivencia. Precisamente por eso, sería conveniente que esa reflexión incluyera todos los espacios ideológicos y no se limitara a señalar los discursos que incomodan a una determinada sensibilidad política.
La deshumanización, los insultos colectivos y la atribución de características negativas a grupos enteros pueden contribuir a deteriorar el debate público. Pero no basta con etiquetar una frase como «discurso de odio» para demostrar que lo es. Es necesario examinar qué se ha dicho, contra quién, en qué contexto y con qué finalidad.
También hay que distinguir entre una crítica a un partido, una descalificación de sus votantes y una expresión dirigida contra personas por características protegidas, como su origen racial o su religión. No son situaciones idénticas, ni tienen necesariamente las mismas consecuencias jurídicas.
Por eso, sería un error afirmar que las declaraciones de Montero constituyen automáticamente un delito de odio. Lo que sí cabe discutir es su tono, su alcance y la coherencia de quienes reclaman un lenguaje político más respetuoso mientras emplean expresiones que presentan al adversario y a sus votantes bajo una luz moral profundamente negativa.
La convivencia no se construye estableciendo que unos pueden utilizar determinadas palabras y otros no. Se construye aplicando principios coherentes, examinando los hechos y evitando que la etiqueta de «odio» se convierta en un arma para silenciar la discrepancia.
La doble vara de medir también alimenta la polarización
Cuando una fuerza política denuncia las expresiones de sus adversarios, pero no somete sus propias declaraciones al mismo examen, contribuye a una percepción de hipocresía. No porque toda declaración polémica sea equivalente, sino porque la credibilidad de cualquier discurso contra la intolerancia depende de la coherencia con la que se aplique.
Si la izquierda considera que determinados mensajes de la derecha alimentan el odio, debería explicar también qué límites se impone a sí misma. Si sostiene que no se debe estigmatizar a colectivos enteros, debería evitar las generalizaciones sobre quienes votan a partidos rivales. Y si reclama respeto en el debate público, debería aceptar que sus propias palabras sean analizadas con el mismo rigor.
Lo mismo vale para la derecha. No se trata de establecer una excepción para ningún bloque ideológico, sino de exigir a todos los representantes públicos la misma responsabilidad.
No se puede exigir al adversario un respeto que uno mismo no está dispuesto a practicar. Esa es la contradicción que merece ser examinada cuando se habla de la doble vara de medir en política.
Fuenlabrada necesita convivencia, no una competición partidista por repartir etiquetas
La iniciativa de la Mesa por la Convivencia puede servir para promover una reflexión útil sobre el lenguaje público y sus consecuencias. Pero esa reflexión será más convincente si incorpora ejemplos diversos, admite preguntas incómodas y distingue entre hechos, opiniones y acusaciones.
La mejor manera de combatir los discursos de odio no es sustituir una descalificación por otra, ni responder a una generalización con una generalización contraria. Es establecer criterios claros y aplicarlos de manera consistente, independientemente de quién hable y de la ideología que represente.
La libertad de expresión protege el derecho a criticar políticas, ideologías y decisiones de gobierno. También protege el derecho a cuestionar las palabras de quienes dicen defender la tolerancia. Esa crítica no desaparece porque el destinatario invoque una causa justa.
La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla: ¿estamos dispuestos a condenar las expresiones que consideramos inaceptables también cuando las pronuncian los nuestros?
Si la respuesta es sí, el debate contra el odio tendrá credibilidad. Si la respuesta depende de quién pronuncia las palabras, el problema ya no será solamente el lenguaje político, sino la utilización partidista de una causa que debería unir a la sociedad.
Porque la convivencia no puede consistir en señalar siempre al adversario y reservar para los propios una indulgencia que se niega a los demás. La coherencia empieza por aplicar a uno mismo los principios que se exigen al contrario.
Fuentes para acompañar el artículo
- Noticia local que origina el artículo: Fuenlabrada Noticias — La Mesa de Convivencia debatirá sobre la comunicación y la cultura frente a los discursos de odio.
- Declaraciones de Irene Montero: Cadena SER — Montero y Rufián estrenan su alianza electoral.
- Transcripción informativa adicional: Europa Press — Montero acusa a Feijóo de cuestionar los derechos de las mujeres.
